Sobre la Reforma a la Justicia

            Creo que en la marcha del 18A ya se expresó la opinión de muchos ciudadanos con respecto a ese tema, y es ahora decisión de los legisladores acompañar la ley o no. Cada ciudadano deberá analizar cómo votó la fuerza política que eligió en 2011, y pensar si vale la pena volver a elegirla.

           Mi opinión personal es que poder votar a Consejeros de la Magistratura junto con los partidos políticos, y que con la mitad más uno de los Consejeros ya se pueda destituir a un Juez, implica una transferencia de influencia de la Justicia al Poder Ejecutivo mucho mayor que la actual. Imagínense cómo actuará un juez que deba juzgar algún supuesto enriquecimiento ilícito con la presión de saber que es muy fácil que el Presidente o el Partido vaya por su cabeza. No digo que no hay que reformar la Justicia, sino que algunos de los artículos de estas leyes que se están aprobando no responden completamente a demandas populares como se viene diciendo. El gobierno está en todo su derecho a plantearlo, pero no necesariamente tiene que ser aprobado casi "a libro cerrado".

           Vilma Ibarra, ex diputada y mujer que dista de ser de derecha o fanáticamente opositora, dio su opinión sobre estas leyes, que me abrieron un poco la cabeza para tomar una posición:

         "La necesidad de democratizar la Justicia y los objetivos propuestos son valiosos. Hace muchos años que la Argentina adeuda una reforma profunda en su sistema judicial que abarque todos sus componentes.

Pero el discurso encuentra su límite cuando se estudian los textos de los proyectos de ley presentados por el PEN. Entonces, el relato se percibe sólo como música de fondo y lo que vale es la letra de cada proyecto. Porque es allí donde se definen las normas que regirán la vida de los argentinos.
Es sorprendente que no haya ni un solo renglón dedicado a la justicia penal, cuando las mayores quejas sobre la Justicia se refieren a la lentitud y poca eficacia de ese fuero. Hay también una constante queja respecto de la demora en los juicios de los jubilados contra el Anses. Aquí sí ha habido novedades y serán contra el ciudadano. Habrá ahora una instancia más, el nuevo tribunal de casación, como paso previo a obtener una sentencia de la Corte Suprema.
El proyecto de ley que propone modificar el Consejo de la Magistratura aumenta su número de integrantes de 13 a 19 miembros, cuya elección se hará en listas partidarias, en elecciones generales. Se convierte este organismo en un cuerpo político y partidario, sometido a las disputas de cualquier legislatura o concejo deliberante.
Este proyecto también modifica las mayorías para seleccionar ternas y destituir jueces. Los magistrados sabrán, si se sanciona esta ley, que cualquier partido político que obtenga la mitad más uno de los votos en el Consejo (antes se requerían 2/3) puede removerlo en pocos días; una mayoría, por cierto, bastante accesible. Ahora serán los partidos los que ofrezcan protección a los jueces o los embistan cuando se vuelvan molestos a sus intereses."